La industria de la automoción en España enfrenta un año determinante. Con un contexto global incierto y cambios regulatorios en marcha, las decisiones que se tomen en 2025 podrían definir el futuro de la movilidad en el país.
Un escenario internacional desafiante
El reciente anuncio de Donald Trump tras su toma de posesión, en el que plantea la paralización del desarrollo del vehículo eléctrico y la imposición de fuertes aranceles a la importación de vehículos, ha generado preocupación en los fabricantes europeos. Esta situación podría impactar en la competitividad de la industria automovilística española y agravar la incertidumbre económica del sector.
Desafíos adicionales para la industria automovilística
A este contexto se suman dos factores clave:
El cambio en las preferencias de los consumidores chinos, que están optando por marcas nacionales en lugar de europeas, afectando directamente las exportaciones.
Las estrictas normativas de emisiones de CO2 en la Unión Europea, que exigen a los fabricantes reducir significativamente sus emisiones para evitar sanciones.
Las multas por no cumplir con los límites de emisiones podrían ascender a 95 euros por gramo de CO2 excedido, lo que se traduciría en un impacto de hasta 15.000 millones de euros para la industria.
Un esfuerzo por la descarbonización que no despega
Los fabricantes europeos han invertido miles de millones de euros en la electrificación de sus vehículos. Sin embargo, las ventas de coches eléctricos no han crecido al ritmo esperado. A pesar de ello, el mercado de turismos cerró 2024 con 1.016.885 unidades vendidas, un 7,1% más que el año anterior, superando la barrera del millón de unidades por primera vez desde la pandemia.
Tres demandas clave del sector del automóvil
Para revertir la situación, la industria automovilística española solicita:
Incentivos económicos y fiscales reales y eficientes para la compra de vehículos eléctricos.
Flexibilidad en el calendario de descarbonización de la UE, especialmente en la prohibición de la venta de coches de combustión a partir de 2035.
Neutralidad tecnológica, permitiendo que combustibles sintéticos y otras alternativas compitan en igualdad de condiciones con la electrificación.
Infraestructura de recarga: un obstáculo para la transición
La baja adopción del vehículo eléctrico en España está estrechamente ligada a la falta de infraestructura de recarga adecuada, sobre todo en el ámbito interurbano. Aunque se han registrado avances significativos en la instalación de puntos de recarga, persisten problemas como:
Burocracia excesiva, con miles de puntos pendientes de autorización.
Falta de señalización adecuada, lo que dificulta su uso por parte de los conductores.
La Ley de Movilidad Sostenible: un retraso con consecuencias
Otro factor que influirá en la movilidad en 2025 es el retraso en la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible debido a la falta de consenso político. Este retraso afecta aspectos clave como:
La renovación de flotas de autobuses y camiones.
La digitalización del transporte.
Los derechos de exclusividad en ciertos servicios regulares.
El futuro mapa concesional y prórrogas de concesiones caducadas.
Razones para el optimismo
A pesar de los retos, hay motivos para confiar en una evolución positiva del sector:
La prórroga del Plan Moves hasta el 30 de junio de 2025, facilitando la adquisición de vehículos eléctricos.
El Plan España Auto 2030, que busca una estrategia nacional para impulsar la nueva movilidad con la colaboración de comunidades autónomas y el sector privado.
El crecimiento de las ventas de vehículos electrificados, que han superado a los de combustión con un 54% frente al 46%, según datos de la DGT.
