La Unión Europea se enfrenta a un desafío significativo en su transición hacia la movilidad sostenible, según un reciente informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea). Este estudio destaca una necesidad crítica de incrementar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, si se pretende cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos para 2030.
Desde 2017 hasta 2023, las ventas de coches eléctricos en la UE han aumentado a un ritmo tres veces superior al de la instalación de nuevos puntos de carga. A pesar de que el año pasado se instalaron más de 150.000 puntos de recarga públicos en toda la Unión Europea, esta cifra representa menos de 3.000 instalaciones por semana, sumando un total de más de 630.000 puntos disponibles hasta la fecha.
No obstante, frente a estos avances, la Comisión Europea estima que para alcanzar una movilidad baja en carbono eficaz se necesitarán 3.5 millones de puntos de carga para el año 2030. Esto implicaría instalar aproximadamente 410,000 puntos anuales, o cerca de 8,000 cada semana, casi triplicando la tasa de instalación actual.
Por otro lado, Acea argumenta que la cifra necesaria sería aún mayor, estimando que harían falta 8.8 millones de puntos de recarga para cumplir con los objetivos climáticos de la UE. Para lograr esto, se requeriría la instalación de 1.2 millones de puntos de carga cada año, lo que equivale a más de 22.000 puntos por semana — ocho veces más que la tasa de instalación observada el año pasado.
Sigrid de Vries, directora general de Acea, enfatiza la importancia de esta expansión para una adopción masiva de vehículos eléctricos en la región. “Necesitamos una amplia disponibilidad de infraestructura de carga pública para hacer realidad los ambiciosos objetivos de reducción de CO2 de Europa”, declara de Vries. Adicionalmente, señala que sin un aumento significativo en las inversiones en infraestructura de carga, la ‘brecha de infraestructura’ actual podría ampliarse aún más, desviando los esfuerzos de la UE de sus metas climáticas.
Con una brecha creciente entre la disponibilidad actual y la necesidad futura, es vital que tanto los gobiernos como el sector privado colaboren para acelerar la instalación de puntos de carga y así asegurar el cumplimiento de los objetivos de reducción de CO2 para 2030. Esta expansión no solo es necesaria para la transición ecológica, sino también para mantener la competitividad de la industria automovilística europea en la era del vehículo eléctrico.