La promesa de un futuro más sostenible y verde se encuentra en una encrucijada, ya que el Gobierno español incumple sus propios hitos de la Agenda 2030 en automoción eléctrica. A pesar de las ambiciosas promesas y expectativas iniciales, un informe reciente revela que las metas de la administración están lejos de alcanzarse.
Un plan ambicioso pero incumplido
Si bien el sector de vehículos electrificados en España muestra signos de crecimiento, el ritmo de incremento está lejos de igualar la media europea. Según los datos más recientes, las ventas de vehículos electrificados (que incluyen tanto eléctricos puros como híbridos enchufables) experimentaron un notable crecimiento del 49,6% en julio, alcanzando las 9.414 nuevas matriculaciones.
Si sumamos los híbridos no enchufables, el total de turismos electrificados vendidos en los primeros siete meses del año asciende a 64.126 unidades. Estas cifras se quedan cortas frente al objetivo de 190.000 ventas fijado para este año.
Estos vehículos electrificados, que abarcan desde turismos hasta vehículos comerciales, industriales y autobuses, representaron el 9,71% del mercado general en julio de este año. Aunque es un ligero aumento de dos puntos porcentuales en comparación con el año pasado, esta cifra sigue siendo muy baja para alcanzar las exigencias de reducción de emisiones impuestas por la Unión Europea y marcadas por el propio Ejecutivo.
¿Por qué el incumplimiento?
Las razones para comprender esta realidad son múltiples: desde la falta de incentivos fiscales significativos, que se traducen en precios de vehículos mucho más elevados, hasta una infraestructura de carga insuficiente. Por ello, muchos conductores españoles siguen siendo reacios a sumarse a la tendencia de la electromovilidad, ya que los beneficios inmediatos son aún escasos y los retos numerosos
De acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), España debería tener alrededor de cinco millones de coches eléctricos en menos de siete años, una meta que parece cada vez más inalcanzable, incluso considerando las ayudas del Plan Moves. Los fabricantes de automóviles argumentan que, para acercarse al ritmo de los líderes de la Unión Europea y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones del 55% y 50% en vehículos turismos y comerciales ligeros para 2030, se requieren cambios fundamentales en la fiscalidad y más inversión para ampliar la infraestructura de recarga en el país.
