El Gobierno español se posiciona de forma neutral ante la normativa de emisiones Euro 7, buscando un equilibrio entre la descarbonización en el transporte y la competitividad industrial. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, destacó la importancia de encontrar un punto medio que permita alcanzar los objetivos de reducción de emisiones sin perjudicar a la competitividad del sector de automoción.
En un consejo de ministros de Transporte de la UE, ocho países se mostraron en contra de la propuesta de la Comisión Europea para endurecer los estándares mínimos de la normativa Euro 7. Aunque España no forma parte de este grupo, comparte la visión de que los plazos de aplicación son inviables y podrían afectar negativamente a la industria. Otros países como Luxemburgo, Dinamarca, Austria, Chipre y Países Bajos se alinean con España, pidiendo un equilibrio en la propuesta.
Los proveedores apoyan:
Los fabricantes de componentes de vehículos, representados por la Asociación Europea de Suministradores de Automoción (CLEPA), expresaron su apoyo a la normativa Euro 7. Consideran que es factible y asequible si se cumplen ciertas salvaguardas. CLEPA destaca la importancia de cumplir con los estándares de calidad del aire y asegurar estándares tecnológicos de alta calidad en la Unión Europea.
La normativa Euro 7 propuesta por la Comisión Europea busca introducir estándares más estrictos de emisiones de CO2 y partículas finas entre 2025 y 2035. Además, establecería regulaciones sobre los contaminantes provenientes de los frenos y las ruedas. Aunque algunos países y la industria automovilística expresan preocupaciones sobre los costos y la viabilidad de la normativa, los fabricantes de componentes ven en ella una oportunidad para reducir el impacto ambiental de los vehículos nuevos en la calidad del aire.
España, junto con otros países y diferentes agentes implicados, continuará analizando los matices y buscando un compromiso que permita aprobar la normativa Euro 7 sin perjudicar la economía. La posición conjunta de los Veintisiete y el Parlamento será crucial para avanzar en las negociaciones, que podrían coincidir con la presidencia española del Consejo de la UE a partir del 1 de julio.
