En una contundente oposición a la nueva norma de emisiones Euro 7, varios países de la Unión Europea se han unido para bloquear su aplicación. La normativa, que tiene prevista su entrada en vigor en 2025, busca reducir las emisiones contaminantes de los vehículos, pero ha sido rechazada por ocho países comunitarios: Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
Estos países argumentan que la nueva norma representa un peligro para las fábricas de automóviles y que no es eficaz en términos medioambientales. Consideran que las inversiones necesarias para cumplir con los requisitos de la norma podrían utilizarse de manera más efectiva para impulsar la electrificación de la movilidad, en línea con la carrera hacia la transición hacia vehículos más limpios.
En el caso de España, la entrada en vigor de la norma Euro 7 en 2025 podría tener un impacto significativo en la industria automovilística. Según las patronales de fabricantes europea (Acea) y española (Anfac), la aplicación de la normativa supondría un encarecimiento promedio de unos 2.000 euros en el precio de los coches debido a las inversiones necesarias para mejorar los motores y homologarlos. Esto afectaría especialmente a los modelos más pequeños y económicos, los cuales son la especialidad de la industria de automoción española. Además, se advierte que la implementación de la norma podría llevar a la paralización de la producción de algunos modelos, lo que tendría consecuencias negativas para el empleo en el sector.
El presidente de Anfac y de Seat, Wayne Griffiths, ha pedido al Gobierno español que utilice su presidencia de turno en la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 para frenar la nueva normativa Euro 7 y buscar una que permita compatibilizar las inversiones para la transición hacia vehículos de emisiones cero con los límites de emisiones contaminantes.
Es importante tener en cuenta que España no se ha unido al grupo de países que se oponen a la norma Euro 7. Aunque el presidente Pedro Sánchez ha expresado su compromiso de buscar una solución "óptima y realista" durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, su posición no ha sido claramente definida como una oposición a la norma.
Tanto la industria automovilística como los países que se oponen a la norma Euro 7 argumentan sus puntos de vista con respecto a los costos asociados y el impacto en la reducción de emisiones contaminantes. Por otro lado, los defensores de la norma sostienen que es necesaria para avanzar hacia una movilidad más sostenible y mitigar los efectos negativos del transporte en el medio ambiente. La discusión en torno del tema continúa y es importante encontrar un equilibrio entre los objetivos medioambientales y las implicaciones económicas de su implementación.
