El pleno del Europarlamento ha dado su visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño para que, a partir de ese 2035, todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea sean "cero emisiones", lo que en la práctica supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos. Sin embargo, deja la puerta abierta a la implantación de combustibles sintéticos y ecológicos si logran eliminar las emisiones.
Último trámite pendiente
Tras la adopción en la sesión plenaria del PE (por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones), solo queda el visto bueno formal por parte de los Veintisiete para que estas nuevas reglas puedan entrar en vigor. La nueva norma forma parte del paquete climático que la UE quiere impulsar esta legislatura para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del bloque en el horizonte de 2030 (respecto a 1990) y es la primera medida concreta de la batería de iniciativas que salió adelante.
Entre las claves de la reforma figura el encargo de una nueva metodología para recabar y evaluar datos de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del parque automovilístico ligero durante todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados en el mercado único. La Comisión Europea deberá presentar esta metodología a más tardar en 2025, incluida con las reformas legislativas si fueran necesarias para su desarrollo.
Bruselas también recibe el encargo con esta nueva normativa de realizar un informe bianual a partir de 2025 para evaluar si se está avanzando al ritmo adecuado en el conjunto de la UE hacia el objetivo vinculante de "cero emisiones"; un análisis que deberá también valorar el impacto de la reforma en los consumidores y en el empleo así como la evolución del mercado de vehículos de ocasión.
En el control de las emisiones de los nuevos vehículos, los expertos comunitarios vigilarán la diferencia entre los valores límite de emisiones y los datos de consumo real de carburante y energía para ir ajustando las emisiones específicas medias de CO2 de los constructores a partir de 2030.
