Conepa, federación de empresarios de automoción de la que Asboc es miembro, junto a las patronales Ancera y Cetraa han dirigido un escrito conjunto a los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Transición Ecológica y Reto Demográfico e Industria, Comercio y Turismo en representación del sector de la posventa de automoción en el que solicitan al Gobierno la implantación de "un plan de ayudas específicas destinadas a promover la revisión de determinados sistemas, especialmente los relacionados con emisiones, como ya se está haciendo en otros países europeos".
Las entidades recuerdan en su texto que sus servicios han sido considerados de gran importancia para la comunicad y destacan "el gran esfuerzo que las empresas del sector han realizado para estar a la altura en unos momentos tan complicados". Pero los datos de evolución económica de estas empresas son preocupantes, tal y como se deriva de estudios propios y las tres entidades lamentan que el sector no sea valorado por la Administración, como constata el hecho de que en el “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción” no se los mencionara ni una sola vez.
Si bien las tres aplauden las medidas que se están tomando para la renovación del parque con ayudas a la compra de nuevas unidades, ponen también de manifiesto la existencia de millones de vehículos, propiedad de ciudadanos "que no pueden adquirir coches nuevos y que no quieren renunciar ni a la seguridad ni al cuidado del medioambiente". Recuerdan que un vehículo bien mantenido es un vehículo que contamina menos, ahorra combustible y contribuye también a la seguridad de los ciudadanos: los mismos objetivos en los que se basan dichas ayudas a la renovación del parque.
Por esa razón, consideran que "resultaría ecuánime que a los propietarios de estos vehículos también se les apoyase desde las Administraciones públicas para conseguir esos fines, sobre todo en un momento en que la situación económica de tantas familias aleja de sus prioridades el cuidado de sus automóviles".
Fondos públicos
La propuesta de las tres entidades se basa en la aportación con fondos públicos de una cantidad de 60 euros por operación de revisión del sistema de emisiones de un automóvil en un taller.
Las tres entidades de defensa del sector calculan que varios millones de vehículos podrían ser susceptibles de revisión. Su consecuencia, a su juicio "resultaría altamente positiva para el medioambiente y para la salud de las personas, dado que un correcto funcionamiento de estos sistemas en una parte sustancial del parque podría suponer reducciones del 10% en CO2, 80% en partículas y 55% en NOx. De igual manera, constituiría un buen acicate para reducir el absentismo en el cumplimiento de las obligaciones ligadas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)".
El proyecto, concluyen, ayudaría también "a la sensibilización de los ciudadanos en materia de calidad del aire en un momento en el que la lucha contra la pandemia anima al uso del vehículo privado para los desplazamientos personales, como se desprende del notable aumento de la demanda en vehículos de ocasión con una antigüedad elevada en los últimos meses".