Así lo ha podido constatar Conepa, la federación de asociaciones de talleres de la que Asboc es miembro, que ha registrado ya varias visitas a empresas asociadas a sus entidades miembro en diferentes puntos de España. Dichas inspecciones pretenden comprobar la correcta aplicación de las prestaciones por desempleo concedidas y relacionadas con la crisis del COVID-19.
La campaña parece estar centrada en sectores que no se han visto obligados a cerrar por ley durante el estado de alarma, pero que, dada la escasez de trabajo, han tenido que paralizar su actividad o mantenerla en niveles mínimos, para lo cual han recurrido al amparo de los ERTE para mantener sus plantillas, casi siempre en la opción de “fuerza mayor”. Es el caso de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos que, mayoritariamente, no han tenido problemas para conseguir la estimación de esta vía como apoyo a su difícil situación durante la pandemia.
Entre la posible documentación que se puede requerir a la empresa visitada por los inspectores de Trabajo está la relativa a los salarios de los trabajadores afectados por ERTE desde antes de la declaración del estado de alarma, documentos remitidos al SEPE, contratos de trabajo de los distintos trabajadores, etc. Así mismo, se puede solicitar información a los empresarios sobre existencia de contratos mercantiles por obra o servicio y facturas de los mismos.
La falta de presentación de la documentación requerida en el plazo marcado en las correspondientes citaciones podría ser constitutiva de una infracción en el orden social y conllevar multas económicas.
