La neutralidad climática prevista de aquí 30 años significa que la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su absorción a través de 'sumideros naturales' (como los bosques) deberá tener un balance equivalente a cero. También será en 2050 cuando el total de la electricidad generada en nuestro país deba hacerlo mediante energías limpias.
Antes, y como paso intermedio necesario, el proyecto de ley marca que las emisiones del país deberán haberse reducido en un 20% (como mínimo) en 2030 con respecto a los valores registrados en 1990. Tanto este objetivo como el de la neutralidad climática podrán ser revisados únicamente al alza, por lo que si la normativa se termina aprobando significará el primer (y más importante) paso adelante hacia un camino de no retorno en cuestiones medioambientales.
Asimismo, el texto pendiente de aprobación indica que, en una década, el porcentaje de energía renovable consumida en España respecto al total (incluidos electricidad y transporte) deberá llegar al 35% (actualmente ronda el 20%). Para lograrlo, se establece que para ese mismo 2030, el 70% de la generación eléctrica deberá ser renovable y la eficiencia energética deberá haberse incrementado en un 35%.
¿Cómo afectará al automóvil?
Aunque el proyecto de ley no establece fechas concretas en términos de reducción de gases contaminantes ni de expansión de la movilidad eléctrica, sí marca el 2050 como año en el que tanto turismos como vehículos comerciales ligeros conformen un parque libre de dióxido de carbono.El impulso de este objetivo pasa, aunque sin la adopción de medidas concretas, por establecer el 2040 como fecha límite para la venta de vehículos de combustión. De este modo, en 20 años como máximo ya no deberían estar vendiéndose en España turismos y comerciales ligeros que no sean “Cero”.
Si Baleares protagonizó una polémica hace escasos meses debido a la intención de no permitir nuevas matriculaciones de vehículos diésel a partir de 2025 (2035 para otro tipo de combustión), el proyecto de ley del Gobierno va a hacer viable que este tipo de medidas finalmente puedan llevarse a cabo. Y es que el texto anima a los territorios insulares a poner en marcha medidas propias para el fomento de la movilidad no contaminante.
Además, las gasolineras que tengan un mayor volumen de negocio deberán promover la movilidad limpia a través de la instalación de puntos de recarga. El proyecto de ley regula asimismo las obligaciones en cuanto a la instalación de puntos de recarga en los edificios, creando un punto de información oficial que se podrá consultar desde internet y que permitirá conocer las infraestructuras con las que cuenta nuestro país.
En cuanto a la movilidad, la futura ley “exige” (aunque sin imposiciones normativas) a municipios de más de 50.000 habitantes que colaboren a la consecución de estos objetivos con la activación en los próximos tres años de zonas de bajas emisiones, que serán blindadas para que una vez activadas no se puedan retirar. Se incluye entre las recomendaciones el fomento del uso de vehículos eléctricos, transporte público y bicicleta.
