Se trata del proceso contra el mayor fraude gallego en la manipulación de cuentakilómetros de coches usados para su venta, con epicentro en un taller de O Milladoiro, con cerca de medio centenar de implicados –entre ellos una veintena de concesionarios– y se calcula que más de 300 afectados.
El inicio de la vista oral estaba previsto para el 15 de marzo del pasado año, pero no pudo celebrarse por una huelga de los funcionarios judiciales. Y aunque se dispuso una segunda fecha en abril y se trató de comprimir las fases que tiene que atravesar el pleito, este quedó definitivamente suspendido ante la imposibilidad de que el proceso transcurriese con normalidad en las sesiones restantes.
Acusados de estafa
Los propietarios de los establecimientos de automoción implicados están acusados de un delito continuado de estafa y estafa agravada, en función de las cantidades de las transacciones, al haber vendido por un importe superior al valor del mercado automóviles con el kilometraje alterado para aparecer como inferior al real.La trama se destapó en 2006, aunque no fue hasta mediados de 2008 cuando aceleró la investigación y se empezaron a practicar detenciones, alrededor de medio centenar. Sin embargo, después todo se ralentizó ya que la instrucción fue especialmente compleja y se prolongó durante esta última década. ¿La razón? La gran cantidad de tasaciones y comprobaciones a realizar.
Y es que en total se cuantificaron más de 300 engaños en las transacciones de coches manipulados para presentar menos kilómetros de los que tenían en realidad, incrementando así su precio. El fraude superó los 800.000 euros, según los cálculos realizados por los investigadores.
Más de 40 acusados
El principal responsable de esta supuesta trama delictiva es J. G., un ciudadano alemán encargado de un taller en el que otros cuatro empleados y él mismo alteraban el kilometraje de vehículos que luego se vendían en establecimientos de diferentes puntos de Galicia.El fiscal dirige su acusación contra 42 personas: el cabecilla, sus trabajadores y responsables de 20 talleres —sobre todo de la provincia de A Coruña, pero también de la de Pontevedra y Lugo. Además, se cita otro negocio de fuera de Galicia, con establecimientos en Astorga y La Bañeza (León)—, aunque muchos de los acusados (al menos 13 concesionarios) ya no tendrán que sentarse en el banquillo debido a que alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y abonaron la correspondiente indemnización a los conductores perjudicados. El principal acusado afronta penas que suman casi 40 años de prisión. En cuanto a los responsables de los talleres que no llegaron a acuerdo, la petición máxima es de dos años y medio de cárcel, además de una multa.
J. G., experto en electrónica, regentaba una empresa, desde la que trabajaba para más de un centenar de concesionarios y talleres de Galicia, de los que finalmente aparecieron implicados en la trama solo una veintena. Así, según relata el Ministerio Fiscal en su escrito, este hombre "prestó repetidamente a toda una serie de talleres y concesionarios dedicados a la venta de vehículos usados servicios técnicos que incluían la alteración de la indicación de los kilómetros recorridos en los salpicaderos digitales de los vehículos". De hecho, fue esta cuestión concreta lo que le hizo "popular y demandado" en el sector.
