Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que desde este 13 de noviembre se trasladará a los grupos parlamentarios y sectores interesados. El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.
Así, el documento supone un "pistoletazo de salida" al diálogo para la elaboración de la ley tras un proceso de "encuentro" con administraciones y sectores implicados y que "nadie se quede descolgado en este proceso".
Descarbonizar la economía
Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado de la Unión Europea para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 20%, respecto a 1990. Esto es que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir hasta 230 millones de toneladas de CO2.Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador "holístico" que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.
Entre las medidas concretas, el Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2 para lo que en 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los vehículos híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente admite que la competencia en materia de movilidad no es del Gobierno —que no tiene capacidad de prohibir la circulación—, sino de los Ayuntamientos pero ha adelantado que se acordará con el conjunto de las administraciones municipales el proceso de aplicación de la ley en lo que respecta a movilidad porque "no pueden ser agentes externos y ajenos en un proceso en el son, casi, los principales actores".
Tres décadas de adaptación
En cuanto al sector, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo suficiente para adaptarse de aquí a 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y de territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.Por otro lado, el documento 'base' para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Es decir que se prohíbe expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.
En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que a partir de la entrada en vigor de esta ley quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, la Administración General del Estado no realizará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles y en general, el Estado se dependerá de las participaciones o instrumentos financieros de empresas relacionadas.
Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megawatios de potencia al año a partir de renovables y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.
