Una subida del recibo eléctrico que se ha convertido en tema de preocupación tanto para consumidores domésticos como empresas. Y es que, según la asociación de consumidores Facua, la factura de la luz del usuario medio ha subido un 85,7% en sólo 15 años.
Ante esta situación, el jueves 20, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desveló la intención del Gobierno de suspender los efectos del impuesto del 7% que pagan las compañías que producen electricidad, sea del tipo que sea (nuclear, renovables, con carbón, con gas natural…) y que acaba repercutiéndose en el consumidor al ser trasladado por las empresas de generación al mercado mayorista de la electricidad, y de éste a la factura final.
El impuesto no se eliminará, lo que implicaría un engorroso trámite legislativo, sino que se rebajará el tipo de gravamen desde el 7% actual a otro que será “prácticamente cero”. Se trata de un tributo que creó el primer de Gobierno de Rajoy en 2012 como uno de sus pilares de su reforma eléctrica y que sirve para recaudar entre 1.600 y 1.700 millones de euros al año.
Según las estimaciones que desveló la propia ministra en declaraciones a la prensa tras su invención en el Congreso, la suspensión temporal de este impuesto servirá para que casi con carácter inmediato el recibo que pagan los consumidores domésticos baje entre un 2,5% y un 4% y de entre el 5 y el 5,5% en el caso de los grandes consumidores industriales.
Una horquilla de rebaja de la factura que incluye tanto el impacto directo de la rebaja del impuesto como su repercusión indirecta en la cuantía de otras tasas y tributos, y que oscila en función del consumo de cada cliente y de la potencia eléctrica contratada con su compañía. Los expertos estiman que al consumidor doméstico medio la suspensión del impuesto a la generación eléctrica puede implicarle una rebaja de entre el 2,7 y el 2,8% de la factura.
Incremento de la factura
De continuar con el ascenso en el precio de la luz los próximos meses, 2018 se convertirá en el segundo año –tras 2008– con el coste de la electricidad más elevado desde hace veinte años. Unas cifras que tendrán un fuerte impacto económico en la factura que pagarán los autónomos, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).La situación preocupa y mucho al colectivo, que alerta de la pérdida de competitividad que supondrá para los pequeños negocios que, lejos de repercutir la subida asumirán los costes. “El aumento de la inflación motivado por la subida de los productos energéticos tiene como efecto que los autónomos pierdan poder adquisitivo, ya que se encarecen sus costes de producción de una manera muy significativa y no siempre se pueden repercutir estos incrementos en el precio final del producto o servicio”.
Así lo asegura el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) Lorenzo Amor, que además ha puesto el acento en la “asfixia” que el encarecimiento del coste de la luz está suponiendo para familias, empresas y autónomos.
Desde Podo —comercializadora independiente de luz y gas— calculan que el incremento oscilará entre el 13% y el 16%. “La subida afecta a la parte variable de la factura, que en el caso de los autónomos y los pequeños comercios supone entre el 60% y el 65%”, ha detallado Joaquín Coronado, consejero delegado de la compañía.
Impacto en los negocios
Son varios los sectores económicos especialmente afectados por esta subida de la luz. Uno de ellos es, sin duda, el de los talleres de reparación de vehículos. Aunque algunas asociaciones consideran que es pronto para valorar el impacto que tendrá en el sector, si apuntan a que afectará más a los negocios de chapa y pintura.Según calcula UPTA, el aumento de la factura puede ser de hasta el 20% y afectará de forma más punzante a esos negocios particularmente sensibles al precio de la electricidad. Esta asociación pone como ejemplo el de una pequeña cafetería con una potencia contratada de 9,9 kilovatios (kW) y un consumo de 37.000 kW anuales, cuya factura de la luz pasará de los 6.500 euros de 2017 a los 8.450 euros de 2018. Es decir, 2.000 euros más. En el caso de un pequeño comercio que haya contratado 4,6 kW y un consumo de 10.900 kW la subida será de 300 euros anuales, desde 1.600 a los 1.900 euros.
Asimismo, una panadería con una potencia contratada de 32 kW y un consumo de 12.000 kW terminará el año pagando cerca de 18.000 euros, frente a los 11.600 que abonaba en 2016. Unos 6.400 euros más anuales que repercutirán en los negocios, siempre según las cifras de UPTA.
