Los objetivos que persigue este proyecto normativo son, según la Junta, "posibilitar una mejor prestación del servicio de reparación de vehículos automóviles, más garantista de los derechos de las personas consumidoras y actualizar la normativa reguladora a las nuevas prácticas que han surgido en el sector, tales como los talleres itinerantes o el alquiler de boxes o talleres desatendidos".
Cabe recordar que a nivel nacional, gracias a las gestiones de Conepa, Federación Española de Empresarios de Profesionales de Automoción de la que forma parte ASBOC, el Gobierno central mostró interés, ya en 2015, en la necesidad de regular estas actividades, si bien no se llegó a concretar en ninguna ley.
Con estas nueva norma, las autoridades castellanomanchegas pretenden adaptarse "a la nueva demanda que representan los vehículos eléctricos o híbridos, o la originada por la incorporación de la tecnología digital en las relaciones de consumo que se dan en este sector de actividad".
Asimismo, el Gobierno regional pretende adecuar la regulación a la normativa de accesibilidad y regulación económica eficiente, y para abordar otros problemas como son el ejercicio de la actividad sin las autorizaciones pertinentes, la necesidad de regular la figura del responsable de taller, o de regular, junto al régimen de obligaciones de empresas, también el régimen de responsabilidades de las personas consumidoras usuarias de estos servicios.
Para la redacción de la norma se ha constituido un grupo de trabajo abierto y pluridisciplinar, que cuenta con representación de los órganos directivos autonómicos competentes en las materias de consumo, de accesibilidad y de defensa de la competencia; de los servicios locales de consumo; de las asociaciones de consumidores; de las organizaciones empresariales y cámaras de comercio y de los colectivos de personas con discapacidad.
Las aportaciones que se deseen realizar al respecto se podrán remitir a la dirección de correo electrónico dgspdc@jccm.es hasta el 3 de agosto.
