Así, los Veintiocho han adoptado de manera formal, tras el acuerdo con la Eurocámara al que llegaron los países miembros el pasado diciembre, las nuevas normas que refuerzan la independencia y "evitan conflictos de intereses" de las autoridades encargadas de los controles y los organismos de supervisión del mercado.
Cada país deberá realizar un número mínimo de inspecciones de vehículos por año —por ejemplo, una por cada 40.000 vehículos matriculados en el país en el ejercicio anterior— y al menos el 20% de esos controles deberá evaluar el nivel de emisiones contaminantes, mientras que la Comisión Europea realizará evaluaciones periódicas de las autoridades nacionales de homologación.
De esta manera, tanto los países como la propia Comisión tendrán la posibilidad de realizar controles aleatorios de vehículos con el fin de "detectar incumplimientos en una fase temprana", según asegura el comunicado emitido por el Consejo de la UE, y "conseguir un nivel elevado de seguridad y de eficiencia medioambiental de los vehículos".
En concreto, la nueva normativa dará el poder a Bruselas de efectuar controles e inspecciones por su parte para verificar el cumplimiento de la legislación, ordenar la retirada de algún modelo si fuese necesario e imponer sanciones de hasta 30.000 euros a los fabricantes por cada vehículo que no cumpla con las reglas.
Además, el nuevo régimen de inspecciones garantizará que los vehículos mantienen un nivel de emisiones permitido durante toda su vida útil, y los talleres independientes tendrán que tener acceso a toda la información necesaria sobre los vehículos para poder competir en condiciones de igualdad con los servicios autorizados por los fabricantes.
