La Comisión considera en su informe que estas modificaciones de precios son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual. El documento, entregado por el presidente de la Comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de futuras medidas legislativas contra el cambio climático.
El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la UE en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que 'el que contamina paga'.
Límites de implantación
El documento incluye tres límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.
Propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).
En cuanto a la movilidad, la Comisión cree que la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia los vehículos con energías alternativas, sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan generar costes no recuperables y prestando especial atención al cambio en la fiscalidad, como instrumento imprescindible para facilitar la transición hacia la movilidad sostenible. Para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización será necesaria la reconversión energética del parque de edificios existente, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria.
Mayor recaudación
Estas recomendaciones de los expertos parece que son compartidas por el PSOE. En la propuesta alternativa socialista a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que sustentará su enmienda a la totalidad, y que incluye unos ingresos tributarios adicionales de unos 6.500 millones de euros, los socialistas consideran que la equiparación de los impuestos de la gasolina y el gasóleo podría ayudar a subir la recaudación en unos 2.140 millones de euros en los próximos cuatro años.
La propuesta del PSOE incide en que, si se pasase de los 30,70 céntimos por litro del actual impuesto del gasóleo de automoción a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina, pero aplicado de forma escalonada, se permitiría obtener cada año una cifra aproximada de unos 600 millones de euros.
Esta medida, al igual que la propuesta de la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética, no afectaría al gasóleo bonificado para transportistas y agricultores.
