La gran mayoría de estas actuaciones se han llevado a cabo a raíz de denuncias realizadas por Capa (Comisión Antipiratería para Automoción), asociación sectorial dentro de Ancera (la patronal de los recambistas).
En este sentido, otra de estas asociaciones encuadradas en Ancera, Open, ha querido recordar que, a raíz de la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal, en 2015, el uso de software ilegal, delito contra la propiedad industrial e intelectual, es castigado con penas de prisión de cuatro años para el delito básico, pudiendo llegar hasta seis años si se dan circunstancias agravantes.
Quien explote económicamente, en todo o en parte, una obra intelectual, con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, será castigado. Encuadrando en este caso los talleres que usen equipos de hardware y software falsificados.
Asimismo, la utilización de estos equipos es un delito del que va a responder personalmente, según el Código Penal, el administrador de hecho o derecho de la persona jurídica o el que actúe en nombre o representación legal o voluntaria de ésta.
Ventajas del uso de equipamiento original
Existen cuatro argumentos que describen tanto las ventajas como las consecuencias de utilizar equipos originales en el taller. El primer argumento es que se contribuye así al desarrollo, innovación y mejora del producto. Éste puede ser mermado por el uso de copias ilegales, dejando inoperante la actividad de las empresas que desarrollan estos equipos, lo que supondría que sólo se podría disponer de la información de los vehículos a través de los fabricantes de los mismos, lo que perjudicaría gravemente a los talleres independientes.Además, la calidad del producto exigido al fabricante de estos equipos hace que sea garantizado para su correcto uso, evitando daños o riesgos para el consumidor. Al usar equipos piratas se reduce la calidad del producto, aumentando el riesgo de manipulación del trabajo que deba realizar dicho elemento.
Un tercer argumento sería que el taller es responsable ante la ley del uso y/o distribución de estos equipos ilegales. Cualquiera que sea su beneficio económico, directo o indirecto, responderá el administrador del taller por cometer un delito contra la propiedad intelectual y/o industrial, castigado con una pena de cuatro a seis años de prisión.
La última de las consecuencias del uso de equipos de diagnosis falsificados es el daño a la imagen en un sector ya mermada por la actividad de los talleres ilegales.
¿Cómo conocer el producto legal?
Aquí van tres claves para reconocer un producto legal de otro que no lo es:
2.- Buscar información sobre el producto y sus características a las fuentes del producto.
3.- Dudar de precios bajos en comparación con el resto de ofertas del mismo producto.
