De esta forma, el Consejo de la UE —órgano que representa a los Estados miembros— y la Eurocámara podrán empezar las negociaciones sobre una propuesta que el Ejecutivo comunitario presentó en enero de 2016, pocos meses después de que saltara el escándalo de las emisiones de Volkswagen.
En concreto, la nueva normativa permitirá a Bruselas imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo trucado a los fabricantes de vehículos si no han sido impuestas con anterioridad por el país involucrado.
En la actualidad, la CE no puede imponer sanciones a los fabricantes de coches por incumplir las reglas europeas, puesto que esta competencia corresponde únicamente a los Estados miembros.
No obstante, Bruselas sí que ha podido abrir expediente a España y otros seis países (Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, República Checa, Lituania y Grecia) por no haber sancionado el uso de dispositivos fraudulentos para manipular la medición de emisiones contaminantes en motores de Volkswagen.
Además, la nueva directiva permitirá a la Comisión Europea llevar a cabo controles e inspecciones de vehículos para verificar el cumplimiento de las reglas comunitarias y reaccionar a las irregularidades.
La posición negociadora del Consejo incluye obligar a los países a supervisar uno de cada 50.000 coches que recibieron la autorización el año anterior. Esta cifra es inferior a la que defiende el Parlamento Europeo, de hasta el 20%, pero el Ejecutivo comunitario cree que es una buena noticia que se mantenga el principio aunque aún haya que determinar la proporción concreta, según fuentes comunitarias.
Por otro lado, los controles incluyen la verificación de las emisiones de los vehículos bajo situaciones de conducción real.
