El Decreto 2/1995 de 19 de enero, regulador de la actividad industrial y de prestación de servicios de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos madrileños, dejará de tener efecto en la actividad de los talleres de la Comunidad de Madrid. La Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha redactado un proyecto de nuevo decreto que derogará el actualmente vigente en breve.
De momento, la propuesta se halla en trámite de audiencia pública para que las partes interesadas puedan hacer las observaciones oportunas antes de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad. ASETRA, patronal de talleres de Madrid a la que pertenece ASBOC, la Asociación de Servicios Bosch, ya ha manifestado que no presentará alegaciones al considerar la decisión razonable y en consonancia con el objetivo de unidad de mercado y de simplificación normativa del ordenamiento jurídico, "más en un sector tan sumamente regulado".
De momento, la propuesta se halla en trámite de audiencia pública para que las partes interesadas puedan hacer las observaciones oportunas antes de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad. ASETRA, patronal de talleres de Madrid a la que pertenece ASBOC, la Asociación de Servicios Bosch, ya ha manifestado que no presentará alegaciones al considerar la decisión razonable y en consonancia con el objetivo de unidad de mercado y de simplificación normativa del ordenamiento jurídico, "más en un sector tan sumamente regulado".
¿Por que se deroga el Decreto de Talleres de Madrid?
La Administración competente madrileña apoya su decisión en el cambio del panorama normativo en aspectos relacionados con industria, consumo, prestación de servicios y medio ambiente, y en la armonización de normas en el marco europeo. Entiende así que, optando por su propuesta, el sector quedará perfectamente regulado por la norma estatal, el Real Decreto 1457/86, la normativa general de consumo, representada por el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias. Esto aportará una mayor claridad para el consumidor y las empresas respecto de sus derechos y obligaciones concretos, ya que “el Decreto autonómico utiliza expresiones distintas y diferente grado de detalle para regular los mismos aspectos”.
Además, según indica la dirección general competente, se daría también “una mayor uniformidad normativa. Este es un valor en alza desde la perspectiva de la unidad de mercado. Más aún, la norma que la regula, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, recoge entre sus principios, eliminar toda norma que no resulte imprescindible”.
